"Me dio un ictus y todo mi historial está en el Hospital de Jerez, ¿y ahora me voy a ir a Pascual? Pues no"

El marido de María lleva más de un año esperando para operarse de la rodilla. “No puede andar, está fatal de las piernas”, expresa. “Los recortes nos están poniendo el pie en el cuello”, agrega. Esta vecina de Trebujena, ataviada con su pancarta y mascarilla, acude a la concentración convocada por el Ayuntamiento en defensa de la Sanidad pública junto a su amiga Dolores. Ella ha trabajado como auxiliar de enfermería en centros de Osuna, Sevilla o Jerez, “con muchos contratos basura al principio”. Sabe bien cómo está la Sanidad y no duda en defenderla. A Dolores Pérez, que tiene el menisco roto, la ha visto el traumatólogo una vez en cuatro años. La artrosis provocada por esta circunstancia le ha provocado serios problemas.

Dolores y María son dos de los cientos de vecinos de Trebujena que secundan la primera de las movilizaciones organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por IU, una organización que se opone a las políticas sanitarias de la Junta de Andalucía, que ha derivado una quincena de especialidades médicas del Servicio Andaluz de Salud a hospitales del grupo Pascual en los municipios de Trebujena, Sanlúcar, Chipiona, Rota, El Puerto, Arcos, Espera, Alcalá del Valle, Bornos, Puerto Serrano, Villamartín, El Bosque, Ubrique y Benaocaz. “Nos vamos a poner de frente ante esta situación”, anuncia Jorge Rodríguez, alcalde de Trebujena, y los parroquianos asienten mientras pronuncia estas palabras.

Rodríguez comparece en el centro de salud de la localidad, donde muchos vecinos visten camisetas blancas con corazones verdes en los que se puede leer: Sanidad pública 100%. Trebujena y localidades de la provincia gobernadas por IU, como Conil, Alcalá del Valle, Espera o Bornos, con sus alcaldes Juan Bermúdez, Rafael Aguilera, Pedro Romero y Hugo Palomares, respectivamente, se oponen a la deriva privatizadora del SAS, que el pasado mes de abril aprobó el pago de 43 millones de euros a Pascual por servicios no prestados. En total, la empresa José Manuel Pascual Pascual SA recibirá 380,42 millones de euros durante los cuatro años que durará el contrato firmado en 2017 —bajo el mandato de la socialista Susana Díaz— del servicio de disponibilidad asistencial de tres de los hospitales del mayor holding sanitario privado andaluz —Santa María del Puerto, en El Puerto de Santa María; Virgen del Camino, en Sanlúcar; y Virgen de las Montañas, en Villamartín—.

El alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, durante la concentración. FOTO: MANU GARCÍA

”Pascual recibe de las arcas públicas 95 millones de euros anuales y, lo más fuerte, recibe 95 millones de euros haga lo que haga y atienda a quien atienda, y a día de hoy, después de tres años de servicio, no ha podido justificar ni el 60% de los servicios que ha prestado. Y a día de hoy, la Junta de Andalucía le está pagando 25 millones de euros anuales a Pascual por no hacer nada, por tener un hospital al servicio de los ciudadanos”, recalca Jorge Rodríguez, regidor de Trebujena. “¿Cuánto dinero se podría coger de esos 380 millones de euros para contratar profesionales, para hacer inversiones, para mejorar los medios y bajar las listas de espera de los hospitales públicos?”, se pregunta.

El regidor trebujenero ha anunciado las próximas acciones de protesta que se llevarán a cabo en la localidad, que el martes 23 de junio volverá a acoger una concentración a las puertas del centro de salud —a las 10:30 horas—, el jueves 18 de junio una manifestación recorrerá las calles del municipio “por la tarde, para que puedan participar las personas que trabajan en turno de mañana”; y el 30 de junio se celebrará una marcha a pie hasta el Hospital de Jerez, a la que invita a participar a municipios de la provincia afectados y organizaciones y entidades sociales.

Pepa Fernández, de la asociación de Parkinson y Alzheimer de Trebujena, secunda las protestas sin dudarlo. “Hay cosas que hay que apoyar desde el principio, así que aquí estaremos”, señala cuando es preguntada por lavozdelsur.es. La entidad, que atiende a una veintena de usuarios, es consciente de lo que puede suponer la derivación de pacientes a clínicas privadas. “Si con la Sanidad pública, estas dos enfermedades —Alzheimer y Parkinson— tienen que ir a la privada para la rehabilitación porque no lo cubre la Seguridad Social, imagina que todo pasa a la privada… no tendríamos derechos si no tenemos un seguro privado”. Por eso es partidaria de “apoyar la Sanidad pública”.

A Gaspar y Francisco, ambos octogenarios, presentes en la concentración, casi no hace falta preguntarles para que muestren su postura. “Queremos la Sanidad pública, que es la que pagamos todos. El que quiera privada que la pague él”, dice el primero. “En este pueblo cuando se dice que hay que hacer algo, se hace”, agrega el segundo. Todos van a una en la defensa de la Sanidad pública. “A mí me dio un ictus y tengo varias operaciones, todo mi historial está en el Hospital de Jerez, ¿y ahora me voy a ir a Sanlúcar a Pascual? ¿A empezar otra vez de nuevo? Pues no”, dice Francisco.

El diputado provincial Hugo Palomares, a su vez alcalde de Bornos, asegura que “este proceso de privatización fue iniciado por el Partido Socialista y ahora lo está continuando el gobierno de PP y Cs”. Además, el coordinador comarcal de IU en la Sierra, reivindica la construcción de un hospital público en la comarca. “Los vecinos de la Sierra no podemos seguir siendo ciudadanos de tercera, tenemos derecho a un hospital público de calidad y que esos trabajadores que hoy en día trabajan en el hospital de Pascual sean absorbidos por la Junta de Andalucía”, señala.