La renta mínima de inserción, que se pone en marcha a partir del 1 de enero de 2018, tendrá una prestación de entre 419 y 779 euros dependiendo de una serie de requisitos.
Más de 45.000 familias y 120.000 personas se beneficiarán, a partir del 1 de enero de 2018, de la aprobación de la renta mínima de inserción, que tendrá una prestación de entre 419,52 y 779,87 euros al mes, dependiendo de los requisitos que reunan. Entre los requisitos, llevar empadronado al menos un año en algún municipio andaluz; tener entre 25 y 64 años de edad; estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como demandante y tener un ingreso máximo mensual de 415 euros.
El importe de la renta mínima será el 78% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (actualmente en 537,84 eur), por lo que serían 419,51 euros al mes, importe que se irá incrementando un 10% de manera adicional por cada miembro de la unidad familiar hasta un 125% ( 672,30 euros).
Este límite podrá ascender hasta el 145% (importe de 779.87 euros al mes) cuando la familia sea integrada por seis o más miembros y con tres o más menores a su cargo, al igual que para las familias monomarentales y monoparentales y también para las personas con una discapacidad del 33% o más que no tengan derecho a otra prestación.
Estos requisitos cuentan con otras excepciones. Así, las personas de entre 18 y 25 años de edad también tendrán derecho a esta ayuda si tienen a su cargo a menores o personas con discapacidad; las personas menores de edad también podrán beneficiarse si son huérfanas de ambos progenitores, víctimas de violencia de género y si tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%; los mayores de 65 años, si tienen algún menor a su cargo, también pueden solicitarla. Respecto al requisito del tiempo mínimo de residencia en Andalucía de un año, no se tendrá en cuenta en los siguientes casos: si son víctimas de violencia machista o trata de personas; si son inmigrantes andaluces que hayan retornado en el año anterior a la solicitud de la ayuda; si son personas apátridas o refugiadas, sin hogar o ex tuteladas por la Junta de Andalucía en el año anterior a la solicitud; personas que residen temporalmente en alojamientos alternativos, o personas que, según acrediten los servicios sociales, se encuentren en situación de “fuerza mayor”.
A estas personas se les concederá la ayuda por un periodo de 12 meses, que podrá ser prorrogable otros seis meses más. Si el solicitante tuviera un contrato de entre 1 y 6 meses, dicha ayuda sería suspendida temporalmente. Respecto a las obligaciones de los beneficiarios, se establece que éste deberá de participar en un plan de inclusión sociolaboral personalizado, que diseñará el SAE junto con los servicios sociales comunitarios, el cuál se elaborará al mes siguiente de percibir la ayuda.
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