La Junta, con la colaboración del ente provincial, busca esta solución temporal hasta que se resuelva la situación por la que pasa actualmente y que obligaba a cerrarlo el día 30 de diciembre.
La residencia de la Diputación Provincial de Cádiz en la capital se hará cargo, desde el próximo 2 de enero y por espacio de dos meses, del servicio de comedor que hasta ahora ha estado llevando a cabo la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz, hasta que se resuelva la situación por la que pasa, ha señalado la Junta en un comunicado..
El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, ha anunciado que en los próximos días el director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Francisco José Martín, se reunirá con la entidad para hacer las pertinentes aclaraciones sobre la denegación de la subvención que solicitaron este año con cargo al 0,7% del IRPF, dado que su concesión, por concurrencia competitiva, es centralizada.
Cuestiones administrativas aparte, para la Junta, dada la decisión de la entidad de cerrar el comedor el 30 de diciembre, "lo importante era que a partir del próximo martes ninguna persona usuaria de este servicio se quedara sin almuerzo". Así, la Junta ha recurrido a la colaboración entre administraciones para encontrar esta solución temporal. Mientras tanto, y una vez que la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz se reúna con el director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se verá cuál es el futuro de este comedor.
La Delegación Territorial muestra "su satisfacción por el hecho de que las personas usuarias del citado comedor puedan seguir teniendo su servicio sin interrupción, por lo que agradece la colaboración de la Diputación Provincial". Asimismo, recuerda que "siempre tiene las puertas abiertas a las entidades para tratar de buscar soluciones que redunden fundamentalmente en aquellas personas más vulnerables de la sociedad".
Las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF han cambiado de titularidad; hasta este año era el Estado el encargado de otorgarlas a través de un reparto, una fórmula que ha cambiado con la transferencia de esta competencia a las autonomías y, en concreto, a la Junta de Andalucía, que ha optado por el modelo de concurrencia competitiva. En este sentido, la administración andaluza considera que una subvención no es un derecho adquirido año tras año y que un proceso de convocatoria por concurrencia competitiva tiene en cuenta la calidad de los proyectos presentados.
En concreto esta convocatoria ha estado sujeta a una baremación tanto de las entidades como de los programas y proyectos presentados en base a los criterios de valoración publicados en la Orden de Bases reguladoras y en la Orden de convocatoria.
Estos criterios son para las entidades experiencia y capacidad y para los programas y proyectos de inversión: contenido técnico, objetivos, presupuesto, impacto, evaluación de las necesidades, cofinanciación, voluntariado, experiencia en al gestión de programas sociales, calidad, colaboración con las administraciones públicas, corresponsabilización en la financiación del programa o proyecto de inversión a realizar, e innovación.
El hecho de que la competencia este año haya pasado, en parte (80% para el tramo autonómico y 20% para el tramo estatal), a las comunidades autónomas ha elevado el número de solicitudes en Andalucía, tal como ha ocurrido en el resto de regiones.
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