La comunidad de padres y madres del IES La Granja y la Flampa Jerez denuncian la situación en la que se encuentra el centro, con grandes barreras arquitectónicas que imposibilitan el acceso a personas de movilidad reducida. "Nos parece muy grave el silencio de la administración hasta la fecha, ya que ningún gobierno de la Junta ha hecho nada por ponerle remedio", señalan en un comunicado. En esa línea, sostienen que la Ampa del centro ha mandado dos escritos, en febrero y abril de este año, con una petición de reunión, sin respuesta alguna.
Según la asociación de padres y madres, en el centro existe un aulario de tres plantas sólo accesibles mediante escaleras, así como un módulo de talleres de ciclos formativos con dos plantas en otro edificio situado al lado del anterior, en el que dicen que tiene la misma problemática: no hay ascensor ni rampas de acceso en ninguno de los dos casos. La Flampa y la Ampa del centro sostiene que esta circunstancia ha provocado "continuos problemas" cada vez que algún alumno ha padecido algún tipo de lesión que le exigía ir con muletas, silla de ruedas o similar. "Se obligaba a todo el grupo a intercambiar el aula con otro de la planta baja con el correspondiente trastorno que eso implica para todos, y teniendo en cuenta que para acceder a la primera planta del aulario también hay escalones", explican en el comunicado, en el que insisten en que se agrava el problema en el caso de los ciclos.
De la misma forma, sostienen que a la hora de matricularse también hay personas que no han podido hacerlo por culpa de estos problemas, conformándose con hacer otra especialidad de la que deseaban, algo que califican de "discriminatorio". "Un profesor/a, personal, alumno/a o familiar con movilidad reducida no puede acudir al centro y eso es discriminación", señalan de forma rotunda sobre el centro, que califican de "auténtica muralla" en una nota en redes sociales.
Es por ello que recalcan que es necesario que "el cumplimiento de la legislación existente en materia de accesibilidad se constituya en obligación para las Administraciones Públicas". En este sentido, la fecha del 4 de diciembre de 2017 marca un antes y un después en la efectividad de la accesibilidad universal en nuestro país, ya que todos los edificios deben ser accesibles, conforme a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social", concluyen.
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