La Policía Nacional ha detenido a 26 personas acusadas de formar parte de una organización que, presuntamente, introdujo en España a más de 900 inmigrantes irregulares mediante el uso de embarcaciones rápidas que salían desde las costas de Oran (Argelia) y Tánger (Marruecos) y arribaban a las playas de Almería y Cádiz, lo que les habría reportado un beneficio superior al millón y medio de euros.
Según la investigación policial, la organización desmantelada en el marco de la operación Trópico se asentaba en Argelia y en las provincias de Almería y Alicante y habría cobrado a cada uno de los inmigrantes entre 2.000 y 2.500 euros por la travesía marítima.
El comisario provincial de Almería, Rafael Madrona, ha explicado en rueda de prensa que la investigación se inició en marzo del pasado año, de modo que la fase operativa concluyó en noviembre si bien el juez instructor ha mantenido el secreto de las actuaciones hasta hace recientes fechas. 18 de los 26 detenidos han ingresado en prisión preventiva.
La parte del entramado que operaba en España trabajaba "de manera coordinada" con los miembros ubicados en las costas africanas. Así, antes de la salida de las embarcaciones, los integrantes de la organización ubicados en territorio español eran informados de los lugares y horas aproximadas de llegada o el número de inmigrantes transportados.
La ruta usada preferentemente por la red era la que unía las costas de Oran (Argelia) con las de Almería, por lo que la mayoría de inmigrantes eran de origen argelino. Las embarcaciones rápidas utilizadas contaban con "potentes motores" que permitían cruzar el mar de Alborán en tres horas, y disponían de puntos seguros de atraque para facilitar la recepción de los inmigrantes.
Eventualmente, la organización explotaba la ruta entre Tánger (Marruecos) y Algeciras (Cádiz) para introducir inmigrantes de origen marroquí.
Para ello, el entramado también contaba con una importante flota de vehículos para trasladar a los inmigrantes desde las zonas de llegada a diferentes puntos de la geografía española, principalmente Almería, Alicante, Murcia, Barcelona, Tarragona y Lérida, donde se asentaban con familiares y amigos, o bien cogían autobuses para desplazarse a otros países de la Unión Europea.
Retenciones ilegales
Cada inmigrante debía abonar a la organización entre 2.000 y 2.500 euros por la travesía marítima, para lo que se habrían servido de unas 60 pateras. Las cantidades económicas se incrementaba en 500 euros por el traslado por carretera dentro de la Península. "Los inmigrantes, cuando llegaban a territorio español, contactaban con los detenidos para su recogida y posterior traslado", ha detallado el inspector Marcos Páez, jefe del grupo 14 de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos.
"Una de las novedades es que los inmigrantes venían con dinero, cuando normalmente no es así", ha especificado el inspector y jefe del grupo de la Ucrif en Almería, Daniel Reche, quien ha apuntado que los viajes en patera estaban dirigidos y coordinados para que la patera tocara tierra en puntos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), desde donde los inmigrantes se movían guiados por indicaciones telefónicas de los miembros de la red en origen para recogerlos y desplazarlos a otros puntos.
Durante esos traslados, los miembros de la red no dudaban en abandonar en mitad de las autopistas a los inmigrantes que carecían de la cantidad solicitada por ese servicio, llegando a retenerles en viviendas de la organización hasta que los familiares se hacían cargo del pago de la deuda.
La investigación ha finalizado con la detención de los 26 miembros de la organización, de los que 18 se encontraban en Almería, seis en Alicante y dos en Zaragoza. También se han practicado seis entradas y registro en domicilio: cinco en la provincia de Almería y uno en la ciudad de Alicante, donde se ha intervenido unos 20.000 euros en efectivo, 17 vehículos, teléfonos móviles y diversa documentación. La investigación, que ha contado con la participación de Europol.
Al respecto, el comisario jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, Carlos Ríos, ha valorado la coordinación de los efectivos para desmantelar una organización criminal "importante" con "ramificaciones internacionales", de forma que el material intervenido ha permitido abrir nuevas vías de investigación.
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