Ana Crespo y Pedro González tienen cuatro hijos en común, de nueve, siete, cuatro y menos de un año, a los que no ven desde hace meses. “Llevamos desde antes del inicio de la pandemia sin saber de ellos, desde mediados de febrero”, concreta ella. Los menores fueron declarados en desamparo hace casi dos años, tras una inspección de la delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, que visitó su vivienda y determinó que no era apta para criar a los pequeños. Los padres alegan que se encontraba en plena reforma y que su aspecto no es el actual, pero de momento siguen sin ver a sus hijos.
Hace unos días les comunicaron que los niños serán entregados en adopción a una familia, por lo que lucharán para intentar evitarlo. “Protección de Menores me dijo que la niña se pone nerviosa cuando me voy, que no le decimos la verdad a los niños”, relata Ana, quien critica que se nieguen a mandarles fotos y vídeos a sus pequeños para que los vean y no pierdan el apego. “Me han dicho que lo acepte, que los niños van en adopción”, agrega. “Cuando llevaban seis meses en desamparo me decían que todo estaba perfecto, la casa estaba arreglada, pero nada de cuando nos los entregaban. Tengo la mente bloqueada de tantas cosas que me dicen. Parece que trabajan con mercancía y son niños”, relata.
La delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz inició, en agosto de 2018, el procedimiento de desamparado de tres de los cuatro hijos de Pedro y Ana —el pequeño nació en verano de 2019—, considerando en su informe que la vivienda se encontraba en condiciones “totalmente insalubres, encontrándose multitud de enseres personales por el suelo de las habitaciones, con las paredes sin alicatar, desprendiendo un fuerte olor”. El documento, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, detallaba que “estas circunstancias no son aptas para el desarrollo normal de la vida en el interior de la vivienda, mucho menos para que en ella habiten menos de edad”.
“Los agentes observan que la vivienda está en un estado deplorable de suciedad extrema, observando que la más pequeña de la casa con dos años de edad está durmiendo en el suelo conviviendo con cucarachas y pulgas que se pegan en las piernas de los que suscriben, también se observa que en el suelo de la vivienda hay papeleas de sustancias estupefacientes usadas, al alcance de la menor”, relata el informe de Políticas Sociales. “Todo empieza porque estando en la playa recibo una llamada porque había habido una denuncia asegurando que estaba siendo maltratada dentro de la vivienda por mi pareja”, relata Ana, “pero estaba en la playa. La Policía rompió la puerta, entró y derivó el asunto a los servicios sociales”.
Ana, en la habitación de la pequeña de a la casa. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (joseluistirado.es)
“La misión de servicios sociales es que Ana denuncie a su pareja. No sabemos quién denuncia que sufre malos tratos, pero ella se niega a denunciarlo porque no la ha tocado”, relata Pilar Gómez, de la ONG Protección a la Infancia y Familias en España, que está ayudando a la familia durante este trance. “Pedro ha tenido un pasado y se empieza a decir que la casa no está acondicionada para los niños, que no pueden vivir allí”, agrega. Gómez asegura que la escena presenciada por servicios sociales, de la menor durmiendo en el suelo, fue un hecho “puntual”. “Estaban de reforma y se quedó dormida. El resto de niños no estaban”, dice, "porque no vivían allí".
“Quieren cortarme el lazo afectivos con mis hijos para que nos olviden”, se queja Ana Crespo, quien censura que lleva más de un mes esperando que les manden vídeos de los menores, de los que no sabe nada desde antes de decretarse el confinamiento. “No les puedo decir nada a mis hijos, ni te echo de menos, ni ya voy a verte… Cualquier cosa la usan para decir que los maltratamos psicológicamente. No puedo más con esto”, señala.
La familia, en las alegaciones presentadas ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en diciembre de 2019, tras considerar ésta que el pequeño fue sometido a “maltrato prenatal” por la madre haber “consumido sustancias tóxicas durante el embarazo poniendo en riesgo la salud y la integridad física del bebé” —“por la situación alta de estrés que estaba soportando”—, relata que “en la actualidad la madre biológica no consume sustancias tóxicas desde hace meses y se encuentra según los nuevos análisis de sangre limpia de restos de esas sustancias en su organismo, estando totalmente rehabilitada y haciendo una vida normalizada y con capacidad para atender a sus hijos”.
“La madre ha conseguido un trabajo en el que se le ha contratado de forma indefinida, por lo que goza en la actualidad de una estabilidad económica y social que antes no tenía. Todo ello en beneficio de la familia”, continúa el informe remitido por la familia, que agrega que “el padre continúa desempleado, pero está en búsqueda activa de un trabajo. Igualmente, en cuanto a sus antecedentes penales éstos ya fueron valorados, pero no se ha tenido en cuenta que no ha vuelto a delinquir desde su salida de prisión. Estando en la actualidad totalmente rehabilitado y reinsertado en la sociedad”. El documento relata que “en referencia a la situación denunciada de violencia de género tenemos que mencionar que nunca existió y se archivaron las actuaciones al no poderse probar ningún ilícito penal”.
Pedro, sentado en la cama de uno de sus hijos. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (joseluistirado.es)
“La casa familiar está ya totalmente rehabilitada y adecuada perfectamente para la crianza de los hijos”, reseña la familia, quien añade que “la situación anterior de la casa que fue puesta en evidencia por los funcionarios se debía a que estaba en obras de rehabilitación y debido a esas circunstancias daba sensación de desorden, pero como hemos mencionado, dichas circunstancias ha terminado y la casa se encuentra en perfectas condiciones de salubridad, higiene, orden y limpieza”. Además, entiende que “los abuelos paternos no han sido valorados por los servicios técnicos, a la hora de ser acogedores de sus nietos y así poder estar estos con la familia más cercana”.
Pilar Gómez, de Protección a la Infancia y Familias en España, cuenta que uno de los motivos de declarar a los niños en desamparo es que “no van al colegio”, aunque un informe emitido por los directores de los centros docentes donde estudian los menores, consultado por lavozdelsur.es, certifica que “han asistido con regularidad a clase sin nada más que destacar”. La falta de vacunas, que los médicos acreditan que no es correcta, es otra de las causas. Tras serle retirados los tres hijos mayores, y transmitirles que no había posibilidad de reintegración familiar —por lo tanto, los niños serían entregados en adopción—, “Ana se viene abajo, se le cae mundo encima e intenta suicidarse”, relata Pilar. El incidente, ya que la joven estaba embarazada en ese momento, provocó que el parto del hijo menor fuera prematuro. “Y obligaron a los padres a despedirse de sus hijos porque no los van a ver”, reseña. Ellos pelearán para que no sea así.
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