El alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, ha sufrido un allanamiento de morada y amenazas por parte de un vecino, mientras almorzaba en su casa con su familia. Bertolet, que ha denunciado estos graves hechos ante la Guardia Civil, y tiene claro que "todo es fruto del engaño al que los socialistas tienen sometidos a sus simpatizantes en la ELA, y del clima de tensión que quieren crear en el pueblo de cara a las próximas elecciones municipales". Horas antes del suceso, el candidato del PSOE a la alcaldía de Torrecera protagonizó otro lamentable espectáculo al increpar e insultar a operarios municipales que inspeccionaban los contadores de agua, llegando incluso encararse con los policías municipales que levantaban acta de las actuaciones, quienes le habían recriminado su actitud.
Manuel Bertolet acusa al PSOE de fomentar una "fractura social entre los vecinos de Torrecera". Así de tajante se muestra el alcalde de la ELA ante los lamentables sucesos que se produjeron el pasado jueves, en la pedanía jerezana, y que finalizaron con el allanamiento de su propia vivienda por parte de un vecino, afín al PSOE, quien también profirió amenazas hacia su persona y su propiedad.
Los hechos se produjeron a las 15:45 del pasado jueves, cuando el alcalde se encontraba en su casa almorzando con sus hijos y esposa, en presencia de estos y de la madre y hermana del alcalde, que viven en la vivienda colindante y salieron alarmados por las voces que profería esta persona.
Igualmente, ha añadido en un comunicado, "es lamentable el hecho de que durante unas inspecciones y actuaciones que realizaban los operarios municipales, éstos fueran increpados e insultados por el candidato del PSOE a la alcaldía de Torrecera, curiosamente un policía nacional, quien también se encaró con los policías municipales que acompañaban a los operarios para levantar acta de sus actuaciones".
Tampoco exime de responsabilidad el alcalde torrecereño al Ayuntamiento de Jerez, ya que, a su juicio, "no es de recibo que ya se haya cumplido un año desde que el pleno del Consistorio jerezano reconociera y aprobara la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Torrecera, y que todavía no se le haya comunicado nada a los vecinos ni por el Ayuntamiento de Jerez ni por Aquajerez, sino al contrario, situación esta, que están aprovechando los socialistas de la pedanía para engañar y confundir a los vecinos, a los que intentan convencer de que todavía es la empresa Aqualia, quien presta el servicio, aconsejándoles que sigan pagando a la multinacional el correspondiente recibo y que no permitan a los empleados públicos de Torrecera, realizar las pertinentes lecturas de los contadores, mediante el uso de candados u otros mecanismos que impiden el acceso a los mismos".
Y si bien Bertolet sigue defendiendo que la gestión pública del agua se viene produciendo en Torrecera desde que así lo aprobase su Junta Vecinal definitivamente en septiembre de 2016, tal y como hasta la fecha han avalado distintas resoluciones judiciales, el hecho de que también fuese aprobado en febrero de 2018 por el propio Ayuntamiento de Jerez, "no deja lugar a la duda con respecto a quien gestiona el agua desde esa fecha, con independencia de las algunas cuestiones pendientes, algo que queda expresamente recogido en el propio acuerdo aprobado por el pleno, pero que solo afecta a las administraciones, no al ciudadano".
Así, desde entonces, explica Bertolet, el Ayuntamiento de Torrecera "ha comunicado en múltiples ocasiones a aquellos usuarios que, alentados por el PSOE, seguían pagando el recibo a la multinacional, que procediesen a pasarse por el consistorio para regularizar su situación. Igualmente, a aquellos vecinos que tenían colocado candados en los contadores, también se les ha comunicado la ilegalidad de tal acto y exigido que procediesen a la retirada de los mismos".
“Pero los socialistas han seguido engañando y confundiendo a los vecinos”, lamenta el alcalde. “De hecho, incluso uno de los vocales del PSOE en la ELA, conocedor perfectamente de la situación, hizo un nuevo contrato del suministro de agua de la vivienda que habita con su pareja y a nombre de ella con Aquajerez–Aqualia, meses después del acuerdo aprobado en el Ayuntamiento de Jerez, a sabiendas por ambas partes de que ese contrato era ilegal. Y todo ello, con el objetivo de seguir enmarañando la situación y provocar una fractura social que les beneficie de cara a las próximas elecciones municipales”.
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