Adelante Cádiz lamenta que la Diputación no condene la retirada de ayudas sociales decretada por el Ayuntamiento de La Línea, gobernado por La Línea 100x100, socio de gobierno del PSOE en la institución provincial. El grupo pidió a la presidenta Irene García que se posicionara públicamente en contra de esta medida “represiva y discriminatoria” de su socio de Gobierno, y a velar por proteger a los vecinos de La Línea que pudiesen verse afectados.
A modo de ruego —tras no poder presentar más que una moción al orden del día— Adelante instó a la Diputación a que se posicionase públicamente en contra de esta medida “represiva, clasista y discriminatoria”, y se comprometiese, como administración provincial, a velar y proteger a los vecinos de La Línea que pudiesen verse afectados, así como poner en valor las ayudas públicas como un derecho, ya que existen otras medidas preventivas, como campañas de concienciación y trabajos a la comunidad que no implican la supresión de ayudas sociales.
Como se recordará, el pasado mes de mayo, el gobierno de Juan Franco, alcalde de La Línea, puso en marcha una medida para acabar con la aparición de grandes cantidades de residuos en distintos puntos, castigando a los linenses que arrojasen la basura fuera del horario establecido y en puntos no habilitados para ello, con la retirada de las ayudas públicas. Unas ayudas, que “son un derecho que no pueden estar al arbitrio de una persona y que son también recursos vitales para muchas personas y familias que, con ellas, pueden cubrir sus necesidades más básicas”.
Para Adelante, “es una tremenda decepción que la presidenta Irene García eludiera este ruego con excusas procedimentales y no dejara meridianamente claro su rechazo a estas prácticas caciquiles”, al tiempo que es “una auténtica barbaridad que Juan Franco se reafirme en su decisión diciendo que va a tomar las medidas que sean por dacronianas que resulten para garantizar la salubridad pública”. “Si no saben comportarse, no van a recibir ayudas del Ayuntamiento”, llegó a decir.
El grupo provincial, entiende la “necesidad de asegurar el cumplimiento de la ordenanza de limpieza y la seguridad de los trabajadores del servicio” pero “sin adoptar medidas amenazantes, clasistas, represivas y de otro tiempo, que huelen a naftalina”.
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