El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha comparecido ante el pleno del Parlamento de Andalucía para informar sobre el cumplimiento y número de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Junta de Andalucía. Durante su comparecencia, ha apuntado que entre 2016 y 2018, la administración andaluza ha desembolsado 548.023.951,18 euros correspondiente a distintos procesos judiciales perdidos que han afectado a todas las consejerías y a organismos públicos como el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Servicio Andaluz de Salud o la Agencia Tributaria de Andalucía.
A esta cantidad que ya ha sido desembolsada en dicho periodo, hay que sumar otras sentencias por un importe de 214.128.943,20 euros que habrá que imputar a próximos ejercicios presupuestarios. El fallo judicial más importante es el relacionado con el Metro de Sevilla por el que la Junta de Andalucía tendrá que consignar en el próximo Presupuesto 167 millones de euros. La intención del Gobierno andaluz es abonar las costas por este revés judicial cuanto antes ya que cada mes se acumulan 300.000 euros solo en intereses.
Entre las sentencias judiciales que ha citado el consejero de Presidencia y que ya ha abonado la Junta de Andalucía se encuentran las siguientes:
- Caso Nevada: 165 millones de euros
- Centros sanitarios Pascual: 21 millones de euros
- Red Eléctrica: 57 millones de euros
- Metro de Sevilla: 167 millones de euros
Bendodo ha informado también en el Parlamento de que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía tiene contabilizados desde 2014 en el Sistema de Información operativo más de 60.000 expedientes. Estos procesos están relacionados con casos de posible responsabilidad patrimonial de la Administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios.
Estos procedimientos judiciales pueden acabar determinando un gasto porque finalmente existan responsabilidades patrimoniales de la administración o se fije un justiprecio. También, en algunos casos, pueden generar un ingreso por sanciones o expedientes tributarios abiertos que sean positivos para la Junta de Andalucía.
El consejero de la Presidencia también ha anunciado que el Gobierno andaluz quiere reducir la litigiosidad de la Administración, especialmente en aquellos proyectos de gran envergadura. Por ese motivo, se ha creado una comisión interdepartamental que trabajará en desbloquear aquellos asuntos más urgentes y evitar así la vía judicial. Este plan de choque incluirá, entre otras medidas, la reasignación de personal durante 18 meses para estas tareas. Igualmente, también se trabaja en la creación de una oficina de responsabilidad patrimonial para unificar criterios y acciones de la Junta de Andalucía en esta materia.
En esta comisión, de carácter transversal, estarán representadas, además de Presidencia, Administración Pública e Interior, las consejerías de Hacienda, Industria y Energía; la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible; y la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se trata de las consejerías que se ven involucradas en más litigios judiciales.
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