'Kichi' firmó decretos para eludir los reparos de la Intervención Municipal con el pago de 700.000 euros

El PP arremete contra el alcalde por un "escándalo financiero" que incluye 6.000 euros que debían haberse abonado por el alquiler del Palacio de Congresos para un acto celebrado por un colegio profesional que preside la hermana de una de sus concejalas

El alcalde de Cádiz, José María González, antes de entrar en el juicio por el caso Loreto. FOTO: JUAN CARLOS TORO.
El alcalde de Cádiz, José María González, antes de entrar en el juicio por el caso Loreto. FOTO: JUAN CARLOS TORO.

El PP de Cádiz ha calificado de “grave escándalo” que el alcalde, José María González Kichi, hubiese levantado mediante decretos los reparos puestos por la Intervención Municipal para el pago de, al menos, 270.000 euros a una empresa de limpieza cuyo contrato con el Ayuntamiento gaditano no estaría en vigor desde julio de 2017 y que, además está pasando facturas por la limpieza de tres espacios que ni siquiera están en ese contrato expirado.

Los populares ha requerido que el concejal responsable de las áreas de Contratación y Hacienda, David Navarro, dé explicaciones urgentes sobre lo que está pasando en esas delegaciones “o presente su carta de dimisión ante las graves irregularidades que se están conociendo sobre el pago de facturas sin la fiscalización del interventor”. Este caso se une al conocido días atrás sobre el intento el equipo de gobierno de saltarse también el procedimiento reglado para pagar las jornadas realizadas por el colegio profesional presidido por la hermana de una concejala de ese mismo gobierno local.

El grupo municipal popular también ha llamado la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento mantenga sin pagar por similares problemas de contratación a la empresa Bioreciclaje de Cádiz SA facturas por valor de 450.000 euros. Este importe, sumado a lo 270.000 euros de pagos sí realizados mediante el decreto del alcalde para evitar el reparo de Intervención, y los 6.000 euros que se deberían haberse abonado al Palacio de Congresos en concepto de alquiler por las jornadas realizadas por el colegio profesional que preside Pilar Tubío, elevan la cantidad económica a 700.000 euros. Una cantidad que “se encuentra por una u otra razón en el limbo administrativo de este Ayuntamiento”.

Los populares gaditanos han concluido que este cúmulo de supuestas irregularidades en el pago de facturas por parte del Ayuntamiento se está convirtiendo en un asunto de suma gravedad sobre el que se requieren de manera urgente respuestas, ya que “podríamos estar ante un escándalo financiero de cuantía bastante considerable y con responsabilidades muy serias. Utilizar un decreto para esquivar el control y fiscalización por parte de la Intervención es un asunto gravísimo, y dejar de pagar durante un año facturas a una empresa por no tener amparo contractual ni legal para hacerlo es igual de grave. El silencio del alcalde no puede durar más".

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