Primero fue el anuncio de implantar geolocalizadores para los docentes públicos, luego ha llegado de tapadillo una iniciativa llamada genoma del funcionario para controlar y monitorizar mensajes en redes sociales y comentarios en digitales... Sin embargo, ni los sistemas de rastreo de última generación ni la inteligencia artificial parecen suficientes en este Gran Hermano que orquesta el Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía.
Frente a las nuevas tecnologías, viejos recursos. Quizás por eso la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía recoge la adjudicación por parte de la fundación pública Andalucía Emprende un contrato menor a una empresa de detectives privados. En concreto, el importe total de adjudicación son 1.355,20 euros a la empresa Grupo 3 Detectives SL, y el contrato, suscrito el pasado 23 de febrero, se denomina "servicio investigación privada para seguimiento".
Después de que empleados públicos de esta fundación, una de las que tiene en el punto de mira el Ejecutivo de PP y Cs dentro de lo que llaman la reforma de la administración paralela de la Junta, hayan asegurado sentirse en medio de una caza de brujas permanente, la nueva medida para este ente público pasa por la contratación de detectives privados que hagan "seguimiento" no se sabe muy bien a quiénes.
Por todo ello, los parlamentarios andaluces del PSOE-A, Noelia Ruiz, Beatriz Rubiño y Juan José Martín Arcos, han registrado —el pasado 12 de abril— una pregunta oral en la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para conocer cuál es el detalle de la adjudicación del contrato a la empresa Grupo 3 Detectives SL por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Tabajo Autónomo, a través de Andalucía Emprende.
800.00 euros para acabar anunciando la extinción de Andalucía Emprende
Dentro de esta administración paralela, el que autodenominado gobierno del cambio lleva meses y meses prometiendo transformar, solo la Fundación Andalucía Emprende cuenta con casi 900 personas contratadas, con ingentes gastos en sedes por toda la comunidad andaluza. En febrero pasado se anunció que pasaría a englobarse en el paraguas del nuevo ente instrumental Trade, y pasaría a extinguirse junto a otras tres agencias públicas de apoyo empresarial —Extenda, Agencia Idea y la Agencia Andaluza del Conocimiento—.
En este marco, el Gobierno andaluz ha gastado casi 300.000 euros de dinero público en tres contratos a lo largo del pasado año para que la consultora KPMG —que en 2020 fichó a María Castiella, jefa de gabinete de presidencia de Cs— le dijera lo que la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (Cs) ya sabía desde julio del año pasado.
De hecho, en esa fecha anunció la elaboración de un plan estratégico y de reorganización de la fundación andaluza Andalucía Emprende, con 894 empleados públicos y una infraestructura de 262 centros de emprendimiento (CADE) y 878 alojamientos empresariales que cubren el 100% del territorio de la comunidad autónoma. En total, se calcula hasta la fecha casi 800.000 euros en estudios privados para, primero "reflotar" Andalucía Emprende, y luego para ordenar su extinción.
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