El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha abierto diligencias y ha acordado tomar declaración como imputado al diputado y portavoz en la institución provincial del Partido Popular, Francisco Oblaré, tras una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en relación con la supuesta autorización de facturas para el pago de dos cursos de alta dirección en 2012 a pesar de los reparos del interventor.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que corresponde iniciar este procedimiento y realizar las diligencias que se establezcan para "determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados", apuntando que "se oiga en declaración al imputado" Fran Oblaré y a la otra denunciada, entonces jefa de servicio de Gestión y Administración de Recursos Humanos de la Diputación.
El grupo socialista en la Diputación presentó en julio pasado una denuncia ante la Fiscalía de Málaga, que incoó unas diligencias de investigación penal en relación con dicha autorización del pago de ciertas facturas de dos cursos "pese a los reparos puestos por el interventor".
En la denuncia del PSOE se señala que en enero de 2012 el Instituto San Telmo presentó a la Diputación dos facturas correspondientes a sendos cursos de alta dirección, uno de ellos a nombre de Oblaré y cada uno con un importe de 7.250 euros, que se pasaron al pago como formación permanente y para fomento de la promoción.
Pero, Intervención advirtió de que la imputación presupuestaria era supuestamente errónea, puesto que la formación a la que se refería dicho apartado estaba dirigida a funcionarios o personal laboral "y no puede ser aplicado al pago de formación a miembros electos", dice el documento, apuntando que el interventor emitió informe de "disconformidad".
A pesar de los reparos, señala la denuncia del PSOE, se pidió informe a la Jefatura de Gestión y Administración de Recursos Humanos, documento en el que la otra denunciada indicó que se podía aplicar a los miembros electos, apuntando los socialistas en su escrito que el ordenamiento jurídico administrativo señala de forma global que la legislación distingue entre ese tipo de miembros y los empleados públicos.
En la denuncia, se indica que el diputado "prescindiendo totalmente del procedimiento previsto, levanta el reparo en su calidad de presidente accidental de la Diputación", incidiendo en que debió abstenerse por tener interés personal, ya que uno de los pagos era suyo; y en que estos reparos "debe levantarlos el pleno de la corporación".
Por su parte, el diputado provincial Francisco Oblaré se ha mostrado "muy tranquilo" con este asunto y ha incidido en que no tienen "nada que ocultar". "Se ha aportado al juzgado toda la documentación requerida. En 2012 ya se dieron las explicaciones oportunas y volveremos a darlas ahora", ha sostenido.
Oblaré ha indicado a Europa Press que el reparo del interventor "sólo se refería a un error en la aplicación presupuestaria para cargar ese gasto de formación, que se hace habitualmente en las administraciones". "Contamos con un informe favorable de los servicios de la Diputación y quiero ir a declarar cuanto antes porque estamos convencidos de que este procedimiento se archivará en cuanto el juez tenga toda la información", ha manifestado.
A juicio del diputado provincial del PP, esta denuncia "solo forma parte de la estrategia de oposición del PSOE, tanto en Málaga como en Andalucía, de buscar y fabricar cortinas de humo con las que tapar la pésima gestión del Gobierno".
"Han tenido que irse a un asunto de 2012, del que ya se dieron las aclaraciones oportunas hace ocho años, pero volveremos a darlas. Es triste que el PSOE se dedique a intentar resucitar y reactivar viejas polémicas archivadas en lugar de a proponer iniciativas y ejercer una oposición constructiva y con propuestas para los 103 municipios de Málaga", ha concluido.
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