Rafael Palacios Cuéllar, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, en Madrid, ha sido imputado por un delito de estafa en internet consistente en hackear correos electrónicos para acceder a los datos bancarios de las víctimas. El edil figura como receptor de una de las cuentas a las que se transfería el dinero obtenido con el fraude.
Tal y como ha adelantado El Confidencial Digital, el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es el encargado de llevar a cabo la investigación de esta trama, que tiene conexiones en Nigeria. Con más de 40 personas, la organización criminal comenzó en 2013 con la finalidad de estafar a las víctimas para posteriormente realizar transferencias de dinero a cuentas "puente", sacar el dinero de ellas y enviarlas al país africano.
Según ha indicado la Fiscalía, Palacios figura como como autorizado de una de dichas cuentas "puente", de la que es titular la empresa Aldimascon SL. La acusación popular pide para el concejal de Vox ocho años de prisión por un delito de de blanqueo de capitales y otro de cooperador necesario de delito de estafa.
En declaraciones a ZigZag Digital, Palacios ha negado las acusaciones. "Tenía poderes pero limitados, yo ni firmé nada ni hice ningún tipo de abono o transferencia”, ha indicado. El edil de Vox también ha asegurado que fueron dos clientes de su gestoría quienes le pidieron que se hiciera cargo de la administración temporal, pero que no tenía conocimiento de que tuviera un fin ilícito.
La estafa consistía en el envío masivo de correos electrónicos que simulaban haber compartido un documento con la víctima a través de sistemas como Google Drive o Dropbox. Si el usuario accedía dicho documento, los cibercriminales conseguía hackearle la cuenta y la utilizaban para enviar el mismo correo a todos sus contactos. De esta manera, conseguían más víctimas potenciales, que no sospechaban de un documento enviado por un conocido. Una vez tenían acceso al correo, los estafadores enviaban instrucciones a la entidad bancaria de la víctima solicitando transferencias. En algunos casos los importes alcanzaban los 100.000 euros.
El escrito de la Fiscalía indica que la organización trabajaba con un modelo piramidal, dirigida por una persona en Nigeria cuya identidad se desconoce. En el segundo nivel se encuentran otras dos personas sin identificar, que disponen de las cuentas "puente" y se encargan de las necesidad de la organización. Por debajo se encuentra un grupo de individuos que prestan su apoyo a los dos anteriores. En el último nivel están las personas como el propio Palacios, los titulares de dichas cuentas "puente".
Estos titulares conocen la recepción de un dinero en su cuenta. La Fiscalía sostiene que en muchos casos las cantidades que se movían a terceros no se corresponden con el total recibido, lo que apunta a la existencia de un remanente que se reparten en comisión con el titular de la cuenta.
Vox ha explicado que esto pertenece al ámbito de la "esfera privada" de Palacios, y que en ningún caso se ha hecho en representación del partido político. La formación de ultraderecha ha afirmado que su Comité de Garantías estará pendiente de lo que resuelva la justicia para "en caso necesario tomar medidas".
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