Mientras el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, reaccionaba a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno señalando que será "difícilmente" absorbible en regiones menos desarrolladas y sector servicios y agro —caso de Andalucía—, lo que desembocará "en un deterioro de la creación de empleo", su retribución por el cargo (66.813 euros brutos al año) se complementa cada mes con un sueldo 'extra' de 1.426,7 euros en concepto de indemnización mensual por vivienda y alojamiento.
Estas indemnizaciones, con las que PP y Ciudadanos prometieron acabar cuando estaban en la oposición en el mandato anterior, no solo no se han moderado, sino que van a más. En este caso, poco importa que Andalucía sea una de las regiones con la mayor tasa de paro de España (20,8%) o que la pobreza afecte al 38% de la población. Cada mes, según publica el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía con datos relativos al último trimestre de 2019, 83 altos cargos del Gobierno andaluz bipartito perciben lo que la derecha llamaba en la oposición casas gratis.
La suma de dinero público destinada a esta cuantía sigue aumentando y ya roza los 300.000 euros al trimestre. En el último censo de los beneficiarios de estos sobresueldos con cargo a los contribuyentes andaluces, que no hay que declarar, figuraban algo más de 70, por lo que la nómina sigue aumentando entre directores, secretarios generales, viceconsejeros y, por supuesto, consejeros. Para cobrar esta ayuda, o al menos así se disponía en el mandato anterior, solo bastaba con que los altos cargos demuestren que su domicilio habitual está a 60 kilómetros de distancia o más de la sede del órgano del que sean titulares.
Del núcleo duro del Ejecutivo autonómico aparecen que cobran o han cobrado esta indemnización en los últimos meses un total de ocho responsables, sin que figuren en el listado ni el presidente Moreno, ni su vicepresidente Juan Marín —que sí aparecía en el censo anterior—. Ahora figuran el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (1.426,7 euros al mes), la consejera de Agricultura Carmen Crespo (1.426,7 euros), el consejero de Educación, Javier Imbroda (1.426,7 euros al mes), la consejera de Obras Públicas, Marifrán Carazo (que cobró entre 701 euros y 1.430,19 euros en el último trimestre de año), y por supuesto el mencionado consejero de Economía, Rogelio Velasco, que también ingresa cada mes el máximo por este sobresueldo.
Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, y Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, fueron quienes menos 'extra' por casa gratis han percibido en el último trimestre de año: unos 900 euros en dos meses en el caso de Ruiz, y 147,14 euros en un mes para el responsable de la sanidad andaluza. En el último trimestre de 2019 también se devengaron 964,89 euros pendientes al consejero de Hacienda, Juan Bravo, por este mismo concepto.
"Es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos o la maquinaria política que ha engrasado en torno a la Junta de Andalucía", dijo Moreno Bonilla, entonces líder de la oposición, en septiembre de 2016 en un duro ataque a la entonces presidenta Susana Díaz. En aquel momento, eran 56 los beneficiarios de estas subvenciones y llegaban a un máximo de 1.357,72 euros. Ahora son 83 los beneficiarios y llegan hasta los 1.426,7 euros. Andalucía cumplirá al menos 20 años permitiendo esta situación de privilegios y prebendas políticas.
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