La Fiscalía Anticorrución, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha mantenido su acusación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de prevaricación y malversación y para el que pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación; y para el también expresidente Manuel Chaves, para quien solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Las defensas de Chaves y Griñán, por su parte, han pedido su absolución al elevar a definitivas sus conclusiones, ya que "ni conocieron, ni pudieron conocer estas irregularidades". La fase final del juicio, que quedará visto para sentencia presumiblemente para este próximo mes de noviembre, toca de lleno la precampaña para las autonómicas andaluzas del 2D. En este sentido, la actual presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha mantenido que la comunidad merece una campaña "limpia y en positivo".
A todo esto, Anticorrupción ha excluido al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, al que acusaba por un presunto delito de prevaricación y se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación. Igualmente, los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández han modificado su petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación.
Tras casi dos horas y media de lectura del escrito de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido sus acusaciones y sus peticiones de condena para el resto de los ex altos cargos acusados por el procedimiento específico de concesión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y de ayudas a empresa en crisis entre los años 2001 y 2010. En concreto, solicita una pena de diez años de inhabilitación, además de a Chaves, para el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el ex viceconsejero y ex consejero de Hacienda José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
Pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación, como en el caso de Griñán, Lourdes Medina y Jacinto Cañete, para la ex viceconsejera y ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por un delito de prevaricación y otro de malversación.
La Fiscalía acusa de presuntos delitos de malversación y prevaricación, pidiendo para ellos ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación, a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y el también ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
La sesión de este lunes, que ha comenzado con algo de retraso al verse envuelto uno de los acusados, en concreto el ex secretario general de Trabajo Juan Márquez, en un atasco de tráfico, ha dado inicio a la fase final del juicio, en la que las partes darán lectura de sus conclusiones e informes finales. Esto supone que los acusados han vuelto a la Audiencia para estar presentes desde este lunes hasta el final de juicio, que el presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, espera que sea a final del mes de noviembre.
Acusaciones particulares
Las acusaciones particulares del PP-A y Manos Limpias han dado lectura a sus conclusiones en la sesión de este lunes del juicio por el caso de los ERE y el abogado del citado partido, Luis García Navarro, ha tomado la palabra informando a la Sala de que se adhería a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, salvo casos concretos. Así, la acusación del PP-A también ha retirado la acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, enjuiciado por prevaricación y por el que se le pedía diez años de inhabilitación.
La única diferencia entre las conclusiones del Ministerio Público y la acusación del PP-A se encuentra en la petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina.
Mientras la Fiscalía ha rebajado para ambos de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación, el PP-A ha mantenido la petición en los ocho años de cárcel y los 30 de inhabilitación. Con respecto a los otros acusados, el PP-A se ha adherido a conclusiones expuestas por los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández.
Susana Díaz tiene "responsabilidad política directa", según el PP
El PP-A ha advertido este lunes de la "responsabilidad política directa" que, a su juicio, tiene la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, después de que la Fiscalía Anticorrupción, en la lectura de sus conclusiones en el juicio, haya mantenido su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, la secretaria general del PP-A, Loles López, que ha considerado que la postura del Ministerio Público "deja en evidencia a Susana Díaz y al gobierno socialista de Andalucía" porque, como ha recordado, "intentaron que esta causa se archivara y que los andaluces nunca supieran la verdad" de lo ocurrido.
"Susana Díaz y el gobierno socialista de Andalucía retiraron su acusación" en este caso, ha insistido la dirigentes popular, que ha hecho hincapié en que "cuando Susana Díaz tuvo que escoger entre proteger a sus amigos del PSOE-A o defender a los andaluces, escogió lo primero, proteger a sus amigos del PSOE-A en lugar de defender el dinero de los parados andaluces".
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