La defensa de una toxicómana acusada de asesinar en septiembre de 2016 a un hombre en un inmueble de Sevilla, tras lo que prendió fuego al cadáver "para evitar su descubrimiento" por parte de otras personas, ha manifestado durante su interrogatorio este lunes que está "muy arrepentida", añadiendo que sólo "quería darle un escarmiento", pero "me volví loca y no sabía lo que hacía".
La acusada, para quien la Fiscalía solicita una pena de 30 años de prisión por un delito de asesinato y otro de incendio, ha reconocido los hechos, como ya hiciera desde la primera declaración que realizó ante la Policía Nacional, y ha reconocido que está "muy arrepentida", apuntando que estaba en tratamiento médico, así como su largo historial de consumo de droga, según han informado a Europa Press fuentes del caso. En este sentido, ha indicado que el día de los hechos consumió junto a la víctima.
Los hechos habrían tenido lugar entre los días 21 y 23 de septiembre de 2016, cuando la inculpada, en prisión provisional por estos hechos desde el 26 de septiembre de ese año y actualmente en el Psiquiátrico Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), coincidió con la víctima, con quien "mantenía ciertas desavenencias motivadas por el consumo de sustancias estupefacientes al que ambos eran adictos y que en ocasiones compartían".
Según la Fiscalía, "tras una breve conversación", la acusada "convenció" al fallecido para que la acompañara a un local abandonado de la calle Candelaria de la capital hispalense "para consumir algún tipo de sustancia estupefaciente", donde la inculpada le propuso a la víctima —sentada en una silla— "realizar un juego" en el marco del cual la acusada le "maniató" brazos y piernas con un cable metálico y una cuerda, "impidiéndole cualquier movimiento".
La Fiscalía asegura que, en esta situación y "privado" el fallecido de "cualquier tipo de defensa", la acusada "decidió acabar con su vida, seguramente en represalia por las desavenencias que mantenían", de forma que "colocó a la víctima una especie de mordaza en la boca, compuesta por varios trapos y con la finalidad de aumentar innecesariamente el sufrimiento previo a la muerte".
Así, "comenzó a golpearle con las manos y los puños" y con un cuchillo o similar le habría ocasionado siete heridas incisas, mientras que, valiéndose de un martillo y unos alicates, "comenzó a golpearle con gran violencia en el rostro", entre otras acciones.
Como consecuencia de todo ello los padecimientos del varón "eran insoportables". No obstante, la inculpada le introdujo en la boca varias pastillas de haloperidol, agua oxigenada y betadine y con una jeringuilla que allí encontró le inyectó aire y haloperidol. Pese a todo, la víctima continuaba con vida, por lo que la mujer le propinó un "violento" empujón que hizo caer la silla y al propio varón y le pisó "con gran violencia" el cuello de éste. Como consecuencia de todas estas maniobras, el varón falleció instantes después. En este sentido, la acusada ha declarado este lunes que todo lo que le inyectó o las pastillas que le suministró era para que "no sufriera".
Seguidamente, la acusada ocultó el cuerpo en una habitación interior del local, pero "como quiera que el local era frecuentado por individuos drogadictos", la inculpada se trasladó nuevamente el día 25 al inmueble y prendió fuego al cadáver, propagándose las llamas "rápidamente" por todo el local y afectando tanto a éste como a una vivienda aledaña, que tuvo que ser desalojada.
Alevosía y ensañamiento
Por estos hechos, el fiscal Luis Martín, quien de manera didáctica se dirigió a los miembros del jurado para explicarles su posición durante la exposición de informes iniciales, solicita para la acusada 23 años de prisión por un delito de asesinato, con la concurrencia de las agravantes de alevosía y ensañamiento, y otros siete años de cárcel por un delito de incendio, así como que abone una indemnización total de 90.000 euros a los tres hermanos de la víctima. También pide que indemnice con 7.899 euros al dueño del local afectado y con 240,60 euros al propietario de una vivienda también afectada por las llamas.
Por su parte, el abogado de la acusada, el letrado de oficio Alejandro Martín Páez, explicó que "los hechos no se van a discutir porque están reconocidos", sino las circunstancias modificativas de la responsabilidad de su representada, ya sean como eximentes o atenuantes, pidiendo su libre absolución alegando que padece trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos y un largo historial toxicológico, así como por haber consumido antes de cometer los hechos junto a la víctima.
Ella, según el abogado, "no sabía lo que estaba haciendo o no tenía conocimiento, porque su voluntad estaba mermada para controlar lo que hacía, sus impulsos". Además, ha insistido en que los hechos "no se discuten", sino "si en el momento que ocurrieron sus facultades estaban mermadas".
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