El Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar el decreto de la Junta que implantó las 35 horas semanales para los trabajadores de la administración andaluza.
El Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite el recurso del Gobierno de España contra el decreto de la Junta de Andalucía que desde el pasado mes de enero ha permitido comenzar a devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a sus empleados públicos, por lo que dejará de ser efectiva para la más de la mitad de la plantilla de 270.000 trabajadores que ya la disfrutaba. La paralización de esta norma, explica el TC, "es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno de España en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución Española", en el que establece que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". La Junta pide así al Gobierno central que levante las medidas cautelares para evitar "el desaguisado" que puede generar la supresión de la implantación de las 35 horas en Andalucía.
El Gobierno de Mariano Rajoy decidió en el último Consejo de Ministros que tenía con plazo para ello, recurrir el decreto por el que la Junta de Andalucía estableció la recuperación de esta jornada laboral, que había sido un derecho conquistado en 1999 y luego en 2012, eliminado por el Ejecutivo del PP al añadir 2,5 horas semanales más a la jornada de los empleados públicos dentro de una serie de medidas destinadas a reducir el déficit público. Castilla La Mancha, País Vasco y el Ayuntamiento de Madrid, que también han intentado restablecer las 35 horas, se han encontrado con la oposición del Gobierno central, que afirmó no querer establecer "ninguna diferencia" con Andalucía.
Los partidos —incluido el PP— y sindicatos están de acuerdo en pedir al Gobierno que elimine la suspensión cautelar de la implantación de las 35 horas en Andalucía. "Rajoy sabe que está en su mano no dañar los intereses de los empleados de Andalucía. Estamos a tiempo de evitarlo, pero hay que querer", asegura el portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, quien añade: "Montoro puede pedir el levantamiento de la suspensión cautelar". Blanco pide a Moreno Bonilla, portavoz de los populares en Andalucía, que interceda ante el Gobierno central: "Queremos que alce la voz y actúe para evitar este atropello". Juan Manuel Moreno Bonilla señala que "no estamos en un problema de fondo, estamos en un problema de forma porque la Junta ha invadido las competencias del Estado".
La Junta de Andalucía tiene que reorganizar ahora la plantilla de empleados públicos para poder ajustarse a este nuevo cuadro horario. La Consejería de Hacienda y Administración Pública calcula que se han contratado hasta julio a unas 5.000 personas de forma temporal o interina para cubrir la reducción de la jornada laboral y que iban a ser 2.400 puestos más cuando empezara el curso escolar en septiembre, pero que no se van a rescindir contratos en vigor por la puesta en marcha de esta medida. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, asegura que ya se ha puesto en contacto con el Ministerio para no provocar "ningún tipo de retroceso" a los empleados públicos andaluces.
La administración autonómica, sin embargo, tiene de plazo hasta septiembre para presentar alegaciones a esta decisión del Tribunal Constitucional, por lo que pretende ganar tiempo y acogerse a la voluntad del Gobierno central, expresada en anteriores ocasiones, de reducir la jornada de forma progresiva a partir de 2018. Montero asegura que la jornada de 35 horas es "un derecho laboral", suspendido en tiempos de crisis, que "ahora es de justicia devolverles" a los empleados públicos, y que la reducción de la jornada permitiría la creación de unos 7.000 empleos en el sector público, fundamentalmente en los ámbitos sanitario y educativo, que ahora
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