La otra lucha de José Antonio y los 1.400 PTIS de Andalucía: mes y medio sin cobrar en plena pandemia

El Personal Técnico de Integración Social de la comunidad sigue esperando cobrar la nómina del mes de abril. Los sindicatos reclaman a la Junta que acelere los pagos a las empresas que gestionan el servicio

Una protesta del colectivo de PTIS, en una imagen de archivo.
Una protesta del colectivo de PTIS, en una imagen de archivo.

José Antonio trabaja por las mañanas como monitor de educación especial en un centro escolar —Personal Técnico de Integración Social (PTIS)— y por las tardes en un cine. Cuando empezó el estado de alarma, la Junta de Andalucía anunció que el colectivo de PTIS mantendría su trabajo, y así ha sido, aunque a 22 de mayo aun no han cobrado el mes de abril. A José Antonio, por la parte proporcional del ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) del cine le correspondieron 120 euros. Como monitor, nada. Desde entonces está tirando de los pocos ahorros que tiene y del empleo precario de su mujer —400 euros de sueldo en una cadena de comida rápida— para cuidar a sus hijos de uno y seis años.

“Menos mal que tenía un mes de fondo, porque hay gente que ni eso”, expresa José Antonio en conversación con lavozdelsur.es, que tiene “cero ahorros”, porque poco antes del confinamiento entregó una señal para la celebración de su boda, prevista para el año que viene. Él es uno de los miembros de un colectivo que en toda Andalucía aglutina a más de 1.400 personas, que sigue esperando a que las empresas que gestionan el servicio, privatizado desde 2007, perciban su nómina del mes de abril. “Entiendo que haya empresas que no tengan solvencia para hacer frente a los pagos”, señala, “pero seguimos sin cobrar y eso hace que cuando vas a pedir ayuda a alguna ONG no te puedas acoger porque estás dado de alta”.

José Antonio lleva trabajando como PTIS desde 2014 y, desde entonces, lo ha hecho para tres empresas diferentes. Él, como el resto del colectivo, cobra un 40% menos que el personal laboral de la Junta, contratado directamente para realizar las mismas labores. Ahora, además, se encuentran en mitad de una encrucijada, con las empresas presionando a la Administración para que les pague por el servicio, y la Junta sin resolver una situación que se está eternizando.

CCOO exige a la Consejería de Educación hacer cumplir a las empresas adjudicatarias de estos servicios educativos su responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras y abonen con la máxima celeridad las nóminas de abril”, asegura en un comunicado emitido días atrás Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato. Los servicios externalizados de la Consejería de Educación quedaron suspendidos, ocurriendo lo mismo, en virtud al Real Decreto de 17 marzo, con los contratos con las empresas adjudicatarias, apuntan desde CCOO, que a la Junta que tome cartas en el asunto.

“Esta situación, pese a no haber motivos, ha dado lugar a que colectivos como son el personal técnico de integración social (PTIS), que sustentan el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, y de los intérpretes de lengua de signo (ILSE), no hayan cobrado las nóminas del mes de abril”, reseña Molina. CCOO recuerda que el decreto de estado de alarma garantiza que las empresas sigan cobrando de la Junta de Andalucía y, por consiguiente, las personas trabajadoras puedan recibir sus nóminas sin pasar un ERTE. Pero, según las empresas adjudicatarias, entre el procedimiento de pago a empresas, la presentación y comprobación de documentos y otros procesos administrativos, han hecho que a mediados de mayo los trabajadores y trabajadoras de estos colectivos aún no hayan percibido las nóminas de abril.

El sindicato critica así “el gran número de intermediarios para que las nóminas lleguen a las plantillas”, y achaca los problemas de estos servicios educativos esenciales a su privatización. “Debido a la precariedad de estos puestos de trabajo, cualquier circunstancia hace que las consecuencias recaigan sobre el eslabón más débil, en este caso los trabajadores y trabajadoras que atienden estos servicios”, recalca. CCOO pide a las empresas adjudicatarias que abonen las nóminas y dejen de utilizar a los empleados en su estrategia de confusión para que todas las miradas recaigan en la Administración.

A esta problemática se une la de un colectivo que estaba en lucha antes de la llegada del coronavirus. Los PTIS, subcontratados por la Junta de Andalucía, que tiene privatizado el servicio, están contratados unas cuantas horas, casi nunca a jornada completa, por lo que dependen de las necesidades del centro y de las horas que le otorgue la Consejería de Educación. La Administración andaluza paralizó la bolsa de PTIS en 2007 y, desde entonces, está privatizado el servicio, generando un agravio comparativo entre las personas contratadas por la Junta —personal laboral— y las contratadas por empresas externas.

La confección de una bolsa única común de contratación de personal laboral temporal por parte de la Junta de Andalucía, a principios de año, perjudica a los PTIS, que llevan años trabajando en condiciones penosas. Sindicatos como CCOO o CNT sostienen que la única salida a esta situación es la subrogación del colectivo. Y eso venían reclamando en las calles antes de decretarse el confinamiento. Pero para volver a esa lucha habrá que esperar.

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