Las prisas de la Junta de Andalucía por alcanzar la nueva normalidad se ha topado con una realidad mucho más compleja de lo ya esperado a nivel jurídico y a nivel político, con mensajes contradictorios y poco claros. La realidad es que seis de las ocho provincias pasarán probablemente a fase 3, la última de la desescalada, el próximo lunes 8 de junio. El Gobierno ha indicado que cederá casi todas las competencias sobre el contenido de esta desescalada en fase 3, algo que deja atrás a Málaga y Granada, que van con una semana de retraso y entrarán probablemente en fase 3 el lunes 15 de junio. Mientras, varios ministros (Sanidad y Transportes) lanzan mensajes contradictorios sobre la movilidad interprovincial. Illa dice que el Gobierno mantiene esas competencias, pero Ábalos dice que se permitirá decidir dentro de cada autonomía.
Y ahora, la Junta, que ha pedido en todo momento la movilidad dentro de Andalucía por tener menos casos por habitante, ha cambiado su discurso. Este martes, el portavoz Elías Bendodo, mano derecha de Moreno Bonilla, señalaba que el asunto de la movilidad había que asumirlo con "prudencia", por los riesgos de un rebrote. La Junta pasa, así, a ser el malo después de prepararse incluso para una posible situación en mayo de decaimiento del estado de alarma, algo que el PP pidió al Gobierno en el Congreso y razón por la cual votó hace dos semanas ya en contra, con caceroladas de la derecha en toda España.
Una vez que se ha delegado competencias de desescalada, el marrón para el gobierno andaluz es el de mirar a largo plazo por el turismo: un rebrote ahora en la región puede suponer un golpe en un mes clave, el de junio, cuando muchos visitantes están planeando a última hora sus vacaciones para los próximos meses. Un golpe ahora sería un golpe a las reservas. Marín, vicepresidente y líder de Cs, había dicho el lunes que adelante con la movilidad interprovincial, si fuera entre seis provincias, pues entre seis. Bendodo dijo que no. Que se decidirá "con prudencia, moderación, responsabilidad y calma". Cuatro términos para atenuar el cambio de punto de vista de la Junta.
A la vez, en esos sudokus políticos para descargar al gobierno andaluz de responsabilidades, Bendodo insiste en que primero habrá que ver si el Gobierno decide acortar los plazos para que Granada y Málaga pasen a fase 3, algo que la Junta, y aquí está el truco, ha pedido a sabiendas de que posiblemente no lo consiga. A esta medida Sanidad ya no se cierra, aunque todo apunta a que mantendrá el criterio de que son dos semanas por fase, no menos para ir con prudencia hacia la nueva normalidad estudiando posibles rebrotes. Con este panorama, el ejecutivo andaluz tendrá una baza para culpar al Ministerio de Sanidad. No caben muchas más explicaciones a que este martes, viendo que le iba a ser posible permitir la movilidad al menos entre seis provincias, no era realmente la mejor opción a ojos de la Junta.
Si Málaga y Granada pasaran a fase 3 de forma rápida, con una semana solamente en fase 2, entonces la pelota estará en manos de la Junta, salvo que Sanidad vuelva a matizar (algo que en muchos aspectos ha ocurrido en los últimos meses) si efectivamente la gestión de las competencias de la desescalada cedidas a las autonomías implica permitir la movilidad. Desde luego, el Gobierno ha dicho que se guarda dicha competencia en la última prórroga de la alarma (ampliada este miércoles hasta el 22), pero no queda claro si también entre provincias de la misma autonomía, el verdadero asunto de fondo. Si el matiz es que se permite la movilidad entre seis o entre ocho provincias, los malabares de la Junta tendrán que acabar: o permite la circulación después de casi tres meses o no lo permite. Hay miles de ciudadanos que por diversísimas circunstancias están muy atentos a ello.
Por lo pronto, sólo queda esperar a las declaraciones del Gobierno, analizarlas, buscar homogeneidad en su mensaje, y que la Junta lo vea claro. Los datos sanitarios son buenos, aunque las autoridades siguen atentas a posibles rebrotes. Más ahora que el Gobierno dice sin fisuras que cada autonomía comenzará a pensar para sí. Las explicaciones y las consecuencias de las decisiones ya no darán mucho margen a mirar a Madrid, por ejemplo, para lamentar que se abran hoteles pero no se permita la movilidad que justifique su apertura y genere plazas hoteleras, por ejemplo. Eso sí, la movilidad interprovincial será un ensayo controlado si se produce ya, pues después de ésta llegará, cuando decaiga la alarma, la movilidad dentro de todo el territorio español, y, a finales de julio, con la reactivación de aeropuertos, la de la movilidad internacional, con ciertos controles ya anunciados como toma de temperaturas o posibles test rápidos. El objetivo: salvar la campaña turística. Si para eso hay que esperar algo más, la Junta no va a tener problema. O al menos eso se desliza.
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