Raúl Solís Galván se enfrenta a una sanción de 150 euros por ejercer su trabajo durante la concentración contra el autobús de la plataforma ultracatólica: "No me da la gana pagarla por las libertades colectivas que vulnera esta ley".
Cuando el eufemismo se convierte en norma, la democracia se va haciendo más pequeña y desde que el Gobierno del PP aprobase hace dos años la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, las causas contra periodistas por informar han ido creciendo constriñendo así el derecho fundamental de la libertad de información. Una realidad, la española, que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) acaba de destacar en su reciente informe como ejemplo de “amenazas contra la libertad de prensa”. El último caso es el del periodista sevillano Raúl Solís Galván para el que piden una multa de 150 euros. Su única arma, una cámara de vídeo —que no terminó de usar— y la palabra. La palabra de igual a igual.
Según leo en la notificación que ha recibido, el pasado día 29 de marzo se saltó un cordón policial y puso en peligro la integridad de los agentes. ¿Qué ocurrió aquel día para que, supuestamente, hiciera eso que dicen?
Fui a cubrir la presencia en Sevilla del autobús transfóbico de la organización ultraderechista Hazte Oír. Primero acudí a la rueda de prensa que dieron en Tomares y luego me dirigí a Sevilla para grabar con mi cámara la concentración a favor de la dignidad de las personas transexuales y contra el mensaje de odio de este autobús. Cuando estábamos en el Palacio de San Telmo, donde unos doscientos jóvenes hicieron una sentada, vi cómo unos agentes de la Policía se llevaron a empujones a un niño —porque no tenía más de 16 años— y lo metieron detrás de dos furgonetas. Como pasaba mucho tiempo, me acerqué a un policía y le pregunté por qué razón estaba retenido el chico y el agente me contestó que qué me importaba. Le dije que me importaba y mucho porque era periodista y mi trabajo consiste en informar y que como ciudadano también me interesaba saber qué estaba pasando con ese adolescente. Le respondí educadamente pero de manera firme y el agente se incendió. Me pidió entonces la documentación y les mostré mi DNI y mi carné de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Me trataron fatal y les dije que por favor me trataran como un ser humano porque estamos en un estado de derecho y no en un estado policial. Y ahí quedó. El incidente no pasó de cinco minutos y, de hecho, ni siquiera les grabé porque estaba pendiente del chico. Nunca pensé que fuera acabar en una denuncia.Niega entonces esas acusaciones que se le imputan.
Claro. Es que ni siquiera había cordón policial. Y además, ¿cómo voy yo a poner en peligro su integridad física con una camarita y una mochila con el ordenador? Nos están insultando demasiado. No es desacato a la autoridad, es todo lo contrario: un auténtico abuso de poder.
¿Y cómo reaccionó cuando supo que habían abierto un procedimiento contra usted?
Me quedé helado. Primero estuve toda la noche pensando qué podía ser lo que contenía la carta de la Delegación del Gobierno que tuve que ir a recoger la mañana siguiente a Correos. Cuando la leí tuve la sensación de estar saliendo de la Dirección General del Gobierno franquista. Mi primera reflexión fue en qué clase de país nos han convertido para que me multen por preguntar. Esto es una involución democrática que no podemos permitir.
Entiendo por sus palabras que va a alegar.
Por supuesto. En el expediente me adjuntan además una carta de pago para que abone la multa si lo deseo, de forma que si lo hago ya tendría un 50% de descuento. Pero no es cuestión de dinero. Para mí, 150 o 75 euros, no suponen un estropicio para mi economía pero no me da la gana, no sólo por mi libertad individual y profesional sino por las libertades colectivas vulneradas por la ley. Ahora sí que no me voy a callar. Esto es una batalla que voy a dar porque si me callara estaría legitimando este abuso de poder.
Su caso se suma a los denunciados en el último informe de RSF que alerta de que con esta ley se pretende proteger “la mala imagen de la policía española, restringiendo drásticamente el derecho a la manifestación y limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.
No quieren que contemos la realidad y la realidad es que un tercio de la población está en la pobreza. La política del Gobierno del PP tiene dos patas: la reforma laboral, que ha bajado los sueldos entre un 20 y un 25%, y la Ley Mordaza que castiga la protesta social y limita las libertades públicas. Es un auténtico parapeto contra la indignación de la gente pero no saben que por muchas porras y pistolas que tengan no van a poder callar la rabia y el descontento de la gente.
Desde que diera a conocer en internet este suceso ha recibido numerosas muestras de apoyo, ¿no?
Efectivamente. Desde la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, diputados hasta gente sencilla. También se han puesto en contacto conmigo la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y un catedrático de la Universidad. Estoy abrumado con tantos apoyos pero el mensaje que más me ha llegado al corazón es el de Rocío, una mujer de 30 años y cinco hijos que vive en un barrio periférico de Sevilla en un piso de 45 metros cuadrados sin calefacción ni aire acondicionado. A su barrio fui a hacer un reportaje de pobreza severa y me reconoció que muchas noches tiene que acostar a sus hijos con un vaso de leche y galletas como cena porque no tiene más para darles de comer. Cuando se enteró de lo que me había ocurrido me mandó un mensaje para ofrecerme lo que ella pudiese para pagar la multa. Esas son las lealtades y los premios que debemos recibir los periodistas.
¿Y qué le diría a la gente que, en esta situación de crisis, no percibe el calado de esta ley en una sociedad democrática?
Pues que esto sólo pasa en los estados tiránicos, donde primero te empobrecen y luego te reprimen. El problema es que asustan a gente de buena fe que llega a decir que algo habrá hecho. Y yo lo único que hice fue preguntar, mientras cubría una protesta que, paradójicamente, no apoyaba porque, aunque estuviese en contra de su mensaje, defendí por encima de todo lo libertad de expresión. No podemos aceptar como normal lo que es una anomalía democrática, un retroceso en las libertades que nos sitúa más cerca de Marruecos que de Dinamarca.
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