OpiniónEditorial

Absolución jurídica, ¿y moral?

EDITORIAL.

No parece tener, a la vista de las hemerotecas, antecedentes inmaculados la líder del PP jerezano como para dar lecciones de prudencia y demasiada ética política.

María José García-Pelayo ha lanzado una severa reprimenda en rueda de prensa contra quienes ella considera que han utilizado la pieza jerezana de la Gürtel para hundirla políticamente, esencialmente el PSOE. No parece tener, a la vista de las hemerotecas, antecedentes inmaculados la líder del PP jerezano como para dar lecciones de prudencia y demasiada ética política. En este caso, además, es que han sido dos jueces de la Audiencia Nacional, peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Policía Judicial quienes sí han hablado abiertamente en los dos últimos años de su implicación “patente” y “grosera” en los contratos municipales con la red de Correa cuando fue alcaldesa en 2004. Sin negar las “abrumadoras” irregularidades, el Supremo ahora la absuelve y, sin recursos de Fiscalía ni acusación popular –que no compareció-, se da carpetazo al asunto en el Alto Tribunal. “Se le ha aparecido la diosa fortuna; que no olvide que el sobreseimiento es provisional”, le ha replicado este mismo miércoles el PSOE provincial.

Solo hay que revisar un poco la hemeroteca para comprobar la actitud de la dirigente popular cuando han sido sus adversarios políticos los protagonistas de los líos judiciales más diversos. Cuando en 2014 absolvieron a la exalcaldesa Pilar Sánchez del conocido como caso de los asesores, Pelayo afirmó sin dudar: “Tiene la absolución jurídica pero no moral”. ¿Podría aplicarse esa misma máxima en este caso? No hay que olvidar, en el fondo de todo esto, que esas “abrumadoras” irregularidades de las que habla en su sentencia el Supremo han costado a los jerezanos más de 350.000 euros que bien podrían haberse llevado empresas locales o haberse destinado a otros menesteres más productivos. Pero que, por el contrario, se esfumaron de forma presuntamente irregular con unas prácticas que quedarán sin responsabilidad penal alguna porque el juez entiende que un alcalde no tiene que enterarse de todo cuando se cuece en su administración local.

Cuando en 2014 absolvieron a la exalcaldesa Pilar Sánchez del conocido como caso de los asesores, Pelayo afirmó sin dudar: “Tiene la absolución jurídica pero no moral”

No corrió la misma fortuna la también exalcaldesa Pilar Sánchez, a quien el Supremo –en una sentencia en la que participó el mismo juez que ahora exculpa a Pelayo- envió cuatro años y medio a prisión por entender que debía tener conocimiento de la concesión irregular de una subvención pública a una empresa que iba a instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA). Finalmente, la empresa no llegó a implantarse, por lo que las ayudas se concedieron, aunque no se hicieron efectivas, pero Sánchez sí cumple condena por delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Pelayo, que ha vuelto a comparecer en rueda de prensa para reafirmarse tras meses envuelta en una tensa neblina de blindaje político e incertidumbre, ha pedido explicaciones al PSOE por querer hundirla y emplear este asunto como arma arrojadiza, e incluso ha amenazado con querellas a quienes supuestamente han arrojado “mentiras” contra su persona. Sorprende esa postura en los estertores de una agria guerra política de banquillos y querellas como la que se ha vivido en Jerez en la última década y en la que desde luego ella no se ha mantenido al margen. 

No ha escatimado en ese tiempo esfuerzos ni titulares en tratar de dañar a sus adversarios políticos sin respetar la presunción de inocencia, cargando contra estos pese a contar con sentencias absolutorias, o disparando judicialmente contra los mismos aun cuando compañeros de su propio partido habían recurrido a prácticas similares para, por ejemplo, pagar nóminas municipales –ahí queda el caso de los desvíos de fondos del Plan E, del que también fue absuelta Pilar Sánchez en segunda instancia tras una denuncia de la propia Pelayo-. Más que dar lecciones, amenazar a diestro y siniestro, o sacar pecho de forma arrogante, la líder del PP de Jerez debe hacer acto de constricción y pedir disculpas porque bajo su responsabilidad política los jerezanos no pudiesen optar en concurso público a prestar estos servicios al Ayuntamiento y, en cambio, tuviesen que pagar más de 350.000 euros a empresas de la red de Francisco Correa, las cuales se beneficiaron de prácticas “caciquiles” en el Ayuntamiento de Jerez. Así lo deja dicho en su auto el juez del Supremo, el mismo magistrado que la absuelve jurídicamente de toda responsabilidad.

Etiquetas

Más artículos en esta categoría:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *