Cultura

100 años del manifiesto andaluz que quería “acabar con la vieja España”

El 1 de enero de 1919 se acordaba en Córdoba el Manifiesto de la Nacionalidad, un documento en el que se reafirma a Andalucía como realidad nacional

“Ciudadanos andaluces (…) Sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España, la cual va a desvanecerse como una sombra antes de que concluya este instante solemne de la vida mundial: puente entre la eternidad de un pasado de locura, manchado de sangre y vestido de artificio, y la eternidad de un porvenir consciente de la finalidad creadora de la vida universal, a cuyo cumplimiento se ordenarán, con intensos fervores, las eficiencias puras de las energías humanas”. Así comenzaba el Manifiesto de la Nacionalidad, acordado el 1 de enero de 1919 en Córdoba y que sería ratificado semanas más tarde, el 25 de marzo, en la Asamblea Autonomista celebrada también en la ciudad califal. Un documento que venía al calor de la Asamblea de Ronda, que también ha celebrado su centenario recientemente.

A pocos días de la constitución más que probable de un ejecutivo formado por Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, este documento del andalucismo histórico cobra una relevancia máxima por su contenido. Ciudadanos y PP necesitan el apoyo de la formación ultraderechista y españolista Vox, con doce diputados en el Parlamento de Andalucía, y que no reconoce a Andalucía como comunidad autónoma, pese estar representados en su parlamento autonómico. Pese a ello, en el preacuerdo suscrito por Juanma Moreno y Juan Marín, que aspiran a ser presidente y vicepresidente de la Junta respectivamente, se habla claramente de “defensa del Estado de las Autonomías” manteniendo en el status quo reinante desde la configuración del orden territorial actual en la Transición Española y desde la aprobación de la última reforma del Estatuto de Autonomía en febrero de 2007.

En el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía se menciona precisamente el Manifiesto de la Nacionalidad: “El Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna. En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso constitucional. Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española”. Una nacionalidad histórica, según se sostuvo en esta última reforma, que venía a actualizar no con el apoyo explícito de todas las fuerzas políticas el primer Estatuto de Autonomía,  “ratificado por los andaluces y andaluzas el 20 de octubre de 1981”, que la última reforma reconoce como “herramienta fundamental” que nos permite hoy “abordar la construcción de un nuevo proyecto que ponga en valor y aproveche todas las potencialidades actuales de Andalucía”.

Un hombre emula a Blas Infante para presentar el XVI Congreso de la Fundación a cien años de la Asamblea de Ronda el pasado mes de noviembre. Foto: Sebastián Chilla.

No obstante, aquel texto del primero de enero de 1919, se encuadra en un momento social y político convulso, próximo al fin de la Restauración y del turnismo político característico de esa época. Una situación inestable tanto en el ámbito económico como en el territorial que hace comprender que algunos de sus análisis sean de extrema actualidad como los propios fundamentos del texto, que son la abolición de los poderes centralistas y la proclamación de Andalucía libre: “En todas las regiones o nacionalidades peninsulares, se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional”.

En varios de sus epígrafes llama a romper con “la vieja España” a la que considera que hay que derrotar siendo “fuerzas impetuosas, elaboradoras, en la interna agitación de una nueva vida hermana a la que va a triunfar en el mundo”. Para ello, los andalucistas históricos no dudaban hace ya un siglo declararse como separatistas. “Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de justicia y del interés, y sobre todo, los sagrados fueros de la libertad; de ese Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros”. Todo un alegato contra la España de la Restauración Borbónica y la España centralista que hoy algunas fuerzas políticas en auge reivindican en su discurso político.

Además del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, el texto fue firmado por Inocencio Fé, Emilio Álvarez, Juan García Jiménez, Manuel Rosi, Dionisio Pastor, Eloy Vaquero, Francisco Azorín y Francisco Córdoba.

Accede al documento completo del Manifiesto de la Nacionalidad acordado el 1 de enero de 1919 en Córdoba, que aporta el doctor Manuel Ruiz Romero.

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Comentarios

  1. La palabra nacionalidad tenía en el diccionario de la Real Academia Española dos acepciones; la primera, “condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación”; y, la segunda, propia del ámbito jurídico, “vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización”.
    En la Constitución vigente, de 1978, se introdujo el término “nacionalidades”, junto al de “regiones”, en su artículo 2, dando pábulo a la posible interpretación de que algunas regiones eran naciones, en un intento ingenuo, e ignorante, de integrar a los partidos secesionistas (entonces mal llamados nacionalistas), quienes querían conseguir la interpretación de la mencionada acepción primera, el reconocimiento de nación, para a medio plazo desembocar en la acepción segunda, el reconocimiento como Estado y la independencia, la secesión; y que, por tanto, son irreductibles en su fundamentalismo separatista. Esta gravemente errónea redacción del artículo 2 de la Constitución dio lugar a que la Real Academia tuviera que introducir con calzador una tercera acepción del vocablo, totalmente forzada por contraria a su etimología, y circunscrita a España (el resto de países hispanohablantes, con toda razón, no la aceptan), que dice: “comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural”; definición plagada de inexactitudes y ambigüedades.
    Pretender atribuir al concepto “nación” relevancia política por razones histórico-culturales es una falacia, un mero artificio romántico-idealista que tuvo su máximo exponente en Fichte cuando, en el siglo XIX, trató interesadamente de justificar así la ambición prusiana de forzar y regir la unidad de Alemania, espacio geográfico en el que, como es bien sabido, existían varios Estados, monarquías, independientes que evidentemente compartían una cultura común, aunque con entonces importantes diferencias religiosas entre protestantes y católicos; unidad que sólo se consiguió tras varias guerras victoriosas de Prusia, otra monarquía, contra diversos Estados alemanes (especialmente contra Baviera y Austria, que no por casualidad eran católicas frente a la protestante Prusia) y después contra Francia (también católica) en 1870. Análogamente, para el coetáneo proceso de la unificación italiana bajo la monarquía de Saboya. Pero incluso en esos dos importantísimos ejemplos históricos, la falacia del origen histórico-cultural de la nación política se utilizó como pretexto para unificar Estados independientes preexistentes, no para disgregar, romper, un Estado consolidado por siglos; fueron procesos centrípetos (como la Unión Europea) no centrífugos. Tampoco la errónea imposición del ignorante presidente Wilson de romper el imperio austro-húngaro tras su derrota en la primera guerra mundial y que catapultó los nacionalismos que causaron la segunda guerra mundial tiene nada que ver con el caso español, pues aquello era un imperio plurinacional, constituido por muchas naciones, gran parte de las cuales habían sido estados independientes, con idiomas y, sobre todo, religiones diferentes y con una larguísima historia de crueles guerras entre ellas; ninguna de esas características se da en España.
    De las diversas connotaciones de la palabra “nación”, la única que tiene valor en política es el concepto de nación-política, que se crea en la Revolución Francesa (también podría sostenerse que se origina en la previa revolución americana fundadora de USA), como una conquista de la izquierda de entonces (los jacobinos), con base en Montesquieu, al conseguir que el tercer estamento de la Asamblea Nacional Francesa, el pueblo (la nación, en su significado etimológico de nacidos en un país), se impusiera a los otros dos estamentos (la nobleza y el clero) y recabase para sí la soberanía nacional, arrebatándosela al monarca. Entonces fue cuando se creó el concepto de nación soberana, pueblo soberano, conjunto de ciudadanos (nacionales) libres (sin servidumbres feudales), iguales (sin distinción de cuna ni de fueros) y fraternos (hoy se dice solidarios). Así, el concepto de nación política, íntimamente vinculado al concepto de democracia moderna, es muy reciente en términos históricos, apenas poco más de doscientos años en el mejor de los casos (en España surge también muy pronto, con la Constitución de 1812), y alcanza su verdadero desarrollo material en Occidente (prácticamente único, con las importantes excepciones de Japón e India), tras la segunda guerra mundial, con el mercado pletórico, la sociedad de consumo y el estado de bienestar.
    Por ello, en términos políticos (la mencionada tercera acepción del RAE es una impostura, un intento burdo de enmendar el exceso semántico, y político, de la Constitución de 1978), ni Andalucía ni Cataluña ni Vascongadas ni Galicia ni ninguna otra región española son nacionalidades propiamente dichas, pues no son naciones políticas ni lo han sido nunca, no son sujetos de soberanía. Y ello al margen de que las supuestas diferencias culturales son mínimas, reducidas a aspectos folclóricos (de los que no participan todos, ni muchos, de los nacidos en esas regiones) o de lenguas vernáculas que, pese a su artificial e inconstitucional imposición oficial, de ingeniería social, siguen siendo minoritarias y ceñidas al ámbito regional, frente a la universalidad e ingente producción literaria y presencia mediática del español (el más importante idioma de comunicación global junto con el inglés). Hoy día hay una cultura común occidental (siempre la hubo), acentuada por la globalización y el laicismo crecientes. Así, la extravagante definición de España como “nación de naciones” que sostienen determinados dirigentes políticos no sólo demuestra su ignorancia culposa de los rudimentos de la democracia (que sólo se puede dar en una nación; esto es, en un pueblo que se ha apropiado de un territorio, como sustrato basal del Estado), sino que pretende convertir a España en una especie de trasunto del fenecido imperio austro-húngaro, para así poder trocearla como en un serial por capítulos.
    Así, el término “nacionalidad” aplicado a las comunidades autónomas españolas es un artificio ajeno a la realidad de las cosas que sólo aporta confusión interesada para la defensa de determinadas castas regionales, introduciendo la semilla de la destrucción de España y de nuestra democracia, y nada tiene que ver con la conveniencia o inconveniencia de la descentralización administrativa regional. Si algún día se hiciera una reforma constitucional, una de las modificaciones más necesarias sería eliminar la palabra “nacionalidades” de su artículo 2, pues en España solo hay una nación política (y una nacionalidad, un pasaporte), la española, que nos incluye a todos los ciudadanos españoles en términos de libertad, igualdad y fraternidad, sin privilegios regionales medievales predemocráticos.

  2. ¿Por qué se habla tanto de las reuniones de Blas Infante a espaldas del pueblo y no de la reunión de Córdoba de 1933, con representaciones de los municipios de las 8 provincias donde cada uno de estos dejaron claras las querencias de las diferentes provincias?

    ¿Acaso no conviene saber la verdad? ¿Acaso no conviene saberse que únicamente Cádiz, Sevilla y Córdoba votaron que sí, Málaga se abstuvo, Granada, Jaén y Almería querían conformar la Región de Granada (Andalucía Oriental) y Huelva quería ir con Extremadura?

    Más artículos sobre la reunión del 33, por favor. Estoy ansioso por leer las excusas pro-andalucistas que ponen los medios para defender el desplante de los pueblos al tirano Blas Infante.

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