Eduardo Bayona

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La inacción del Estado con la pobreza energética, que afecta a más de cuatro millones de ciudadanos en España, lleva a miles de familias cada año a cruzar la frontera del delito para calentar sus casas.

Los recortes en el sistema de protección social estrangulan el bajo potencial redistributivo de los impuestos y las cotizaciones y lo reducen a menos de la mitad del alemán y apenas a un tercio del francés.

El incierto futuro del sistema público de protección social y la propaganda para animar la contratación de fondos privados coincide con un histórico desplome del valor y la rentabilidad de estos productos, que han perdido casi un tercio en diez meses.
 

El Gobierno intenta nacionalizar las concesiones en quiebra para evitar el peaje de la Ley Concursal: sanear con dinero público unas empresas ruinosas que el juzgado debería después subastar.