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La empresa acumuló la mayoría de servicios públicos en la ciudad en el último mandato y paralizó la reurbanización del polígono El Portal al exigir más dinero por supuestos fallos en el proyecto.

La juez María Núñez Bolaños ha abierto juicio oral contra el antiguo director de Trabajo y también ha fijado una fianza de 2,1 a su exchófer en relación con los ERE fraudulentos del Gobierno andaluz.

Acusa a la dirección socialista de promover, en connivencia con Aqualia, una campaña de "acoso" contra el alcalde de Torrecera y afirma que la última querella procede de una denunciante a la que colocaron "días después" en el servicio público.

El exalcalde sumar tres condenas firmes por más de siete años de cárcel en total. Ya ha cubierto una cuarta parte de las dos sentencias que pesaban por los casos Asesores y Estación de Autobuses.

Manuel Bertolet, que ya ha salido absuelto en este mandato de otras dos querellas, insiste en que todo forma parte de "una campaña de persecución y descrédito".

Zona Franca, el PP y la UTE OHL-Ucop, que se adjudicó las obras por 3,8 millones y exigía un millón más por fallos en el proyecto de Urbanismo, acusan al Ayuntamiento de "negligencia y dejación". Éste investiga cómo se licitó y adjudicó una inversión cuyo diseño era esencial conocer antes del concurso.

El exalcalde, que ya ha satisfecho también la multa de 60.000 euros impuesta por el caso Asesores, lamenta que la junta de tratamiento de Puerto III se oponga ahora al beneficio penitenciario en contra de lo que votó hace tres meses. "¿Ha habido presiones políticas?", cuestiona.

La magistrada hace caso omiso a la Junta de Tratamiento de Puerto III que aprobó, a finales de 2016 y por amplia mayoría, autorizar el primer permiso especial al exalcalde, que acumula 28 meses en prisión.

También concede la medida de gracia a otros cinco funcionarios del Consistorio roteño que sumaban penas de prisión por el llamado caso 'Uniformes'. El ministro Catalá lo justifica en que son cuantías "mínimas" que no pueden calificarse como corrupción.

Hace firme la sentencia de la Audiencia Provincial por el caso de la antigua estación de autobuses y suma otros 18 meses de prisión a los 5,5 años que ya cumple el exalcalde.

Los hechos se produjeron a finales de 2014 en La Línea. Además de la pena de prisión, el condenado, de 59 años, debe abonar a la víctima 50.000 euros por daños morales. 

El concejal de C's tendrá que ausentarse durante parte del pleno ordinario para acudir al Juzgado de Violencia de Género. El caso solo está respaldado por un atestado plagado de "errores e incongruencias".

La patronal presentó hasta cuatro denuncias y solicitaba la pena máxima para ese delito leve, pero la magistrada estima que no existe prueba de cargo suficiente para condenar a Francisco Cuevas.

El PSOE censura que Agustín Muñoz contrate como jefe de gabinete al concejal del Ayuntamiento de Arcos, Sebastián Ruiz, inmerso en una causa judicial por presunta corrupción.

Cinco meses antes de extinguirse el ente, su responsable firmó un alquiler de 8.000 euros mensuales durante 15 años con una empresa de la ciudad.

El edil de C's, investigado y agredido, ha solicitado prestar declaración ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez.

Tendrá también que indemnizar a la familia del fallecido con 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. 

La denuncia de la patronal se sustenta en unas supuestas coacciones de Francisco Cuevas, secretario local del sindicato, quien niega este extremo. La cita judicial está fijada para el 11 de enero próximo.

Culpa de la contaminación masiva por salmonellosis durante el pasado carnaval a la granja distribuidora de los huevos.

La organización conservacionista habla de "connivencia" de las administraciones públicas con este "atentado ecológico" en el Parque Natural de Grazalema.